La Denominación de Origen Toro cuenta con un Consejo Regulador que vela por las normas establecidas en el Reglamento, que garantiza la calidad del producto (Orden 29 de mayo de 1987 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) aunque en un Decreto de la II República, en el año 1932, Toro ya viene recogida como Denominación Origen. Este Consejo avala la calidad a más de cincuenta bodegas amparadas, autorizándose la elaboración de vinos blancos, rosados y tintos estos últimos con la mención de “jóvenes”, “jóvenes roble“, crianzas”, “reservas” y “grandes reservas”.

Además fomenta la plantación de la variedad autóctona, fija la densidad de plantación, la producción máxima y cuida de que en la elaboración de los vinos se sigan las normas y técnicas adecuadas, garantizando así la calidad de los vinos.

Otra de sus funciones es la defensa del buen nombre de la mención y la promoción de los vinos amparados en los mercados nacionales como exteriores.